El Estado Plurinacional de Bolivia1, comparado con otros países de la región, es
considerado uno de los países más vulnerables ante desastres por eventos naturales
adversos2. Las principales amenazas naturales son de origen hidrometeorológico (sequías,
heladas, lluvias severas y granizadas) y fenómenos relacionados, como inundaciones y
deslizamientos. De acuerdo con el Índice de Riesgo Municipal3 desarrollado por la Unidad
de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) del Ministerio de Planificación del
Desarrollo, el 43 % de la población habitaba áreas expuestas a inundaciones en 2012,
siendo estos fenómenos (ya fueran provocados por precipitaciones o por otros factores)
el evento natural de mayor frecuencia en Bolivia, seguidos por sequías y granizadas4.
Dada su frecuencia y la población expuesta, las inundaciones causan importantes pérdidas
económicas relacionadas, sobre todo, con la infraestructura y la producción agropecuaria.
En 2015, por ejemplo, el Gobierno de Bolivia estimó que las pérdidas ocasionadas por
inundaciones ascendieron a USD 450 millones5 (BOB 3132 millones), y más de 300 000
personas se vieron afectadas.
Dado este contexto, la gestión de riesgos de desastres ha sido una prioridad en la agenda
del Gobierno de Bolivia, que estableció importantes avances en el marco normativo e
institucional del país. Por ejemplo, en 2012, mediante la Ley n.° 300, Marco de la Madre
Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, se estableció como objetivo la prevención y
la reducción de las condiciones de riesgo y de vulnerabilidad de la población en Bolivia
(artículo 12). En 2014, se promulgó la Ley n.° 602, Ley de Gestión de Riesgos, la cual
proporciona el marco para la gestión de riesgos de desastres y la adaptación al cambio
climático en la planificación del desarrollo a nivel sectorial y territorial.
Los desastres asociados a eventos naturales adverso, y en particular las inundaciones,
tienen un impacto negativo y estadísticamente observable en el corto plazo6. Sin embargo, la evidencia empírica sobre dichos impactos en Bolivia, desde un punto de
vista estadístico y causal, es muy limitada. Para los eventos ocurridos durante 2013 y
2014, UDAPE (2015) realizó un ejercicio de contabilización de las pérdidas directas e
indirectas asociadas con eventos meteorológicos utilizando la metodología de CEPAL7
para evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales de los desastres. Como ya
se mencionó, estos eventos ocasionaron pérdidas por alrededor de USD 450 millones
(BOB 3132 millones) y afectaron a más de 300,000 personas. Por otro lado, Arenas
(2014), a modo de complemento de la metodología previa, evaluó la magnitud e intensidad
de los desastres hasta el año 2100 en escenarios de cambio climático. Básicamente, en
ese estudio se determinó que los daños futuros a infraestructura pública por efectos del
cambio climático (a raíz de fuertes precipitaciones e inundaciones) tendrían un costo de
USD 93 000 millones (BOB 647 280 millones), lo que representaría un gasto promedio
anual de USD 3113 millones (BOB 21 666 480 000). El costo económico por pérdidas
agropecuarias ascendería a USD 82 000 millones (BOB 570 720 millones), lo que
representaría un promedio anual de USD 2726 millones (BOB 18 973 millones).
Cabe aclarar que en los estudios mencionados es difícil atribuir de manera específica
el daño asociado únicamente a los desastres y no a factores que ocurrieron de manera
simultánea. Más aún, dichos estudios no evalúan el impacto en variables de bienestar, como
pobreza o ingreso del hogar8. La pobreza y los ingresos de los hogares son indicadores
de los impactos de medio y largo plazo que pueden tener los desastres. Por tanto, este
estudio tiene como objetivo evaluar el impacto de las inundaciones en Bolivia en el
ingreso per cápita de los hogares y en otros indicadores socioeconómicos de bienestar
por medio de métodos estadísticos que permitan aislar de manera explícita otros factores
que pueden influir en los resultados.
Dada la dificultad de caracterizar de manera exacta el impacto de una inundación —
además de las limitaciones encontradas con la información disponible—, en este estudio,
se analizan diversos índices comúnmente utilizados en la literatura económica que
representan distintas formas de abordar el impacto de las inundaciones. La idea principal
detrás de la utilización de distintos índices es que las inundaciones tienen diversas causas
y características que definen la manera en la que afectan a la población o a la economía de
un país. Si bien todos los índices utilizados buscan modelar el impacto de una inundación,
cada uno de ellos otorga distinto peso a los factores que la causan y a las características
para hacerle frente de la zona en la que ocurre. Los resultados muestran que los diferentes
índices son coherentes a través de las distintas caracterizaciones y apuntan a un efecto
negativo y significativo de la precipitación excesiva, las lluvias intensas y los desbordes
de ríos tanto en el ingreso per cápita como en la pobreza de los hogares.
El resto del estudio se divide en cuatro secciones. En la primera sección, se describen los
tres índices utilizados en el estudio, la información empleada para calibrarlos y la forma
en la que se calculan sus valores. En la segunda sección, se describe la metodología para
evaluar el impacto de las inundaciones en el ingreso de los hogares y en la pobreza. Aquí
también se muestra cómo se adaptan los índices para combinarlos con la información
socioeconómica y la construcción de sus distintas variantes. En la tercera sección, se
describen los resultados para las distintas variantes de los índices y se incluye una
comparación de las predicciones de cada una en distintos escenarios. En la última sección,
se presentan las principales conclusiones de este estudio
Author: |
Banco Mundial |
Language: |
Spanish |
Published By: |
Banco Mundial |
Published date: |
December 2017 |
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